Trabajadores atípicos

Un informe internacional sobre precarización laboral en los medios hablaba hace algunos años de los “trabajadores atípicos”. ¿Quiénes son esos “trabajadores atípicos”? Es un término comúnmente usado para describir tipos de empleo que no son permanentes y/o de tiempo completo. Incluye, aunque no excluye otras posibilidades:
-contratos de corto plazo
-trabajo subcontratado
-trabajo eventual
-trabajo temporario
-trabajo “free lance”

El “freelancer” es una subcategoría del trabajo atípico, que en la Argentina se denomina “colaborador”, en virtud de una mención que hace el Estatuto del Periodista. Es un semi-empleado que vende sus servicios y/o su trabajo a una variedad de empleadores sin ninguna relación de largo plazo con ninguno de ellos. En el estudio realizado por la Federación Internacional de Periodistas con el apoyo de la OIT, las organizaciones gremiales respondieron que alrededor del 34 por ciento de sus afiliados eran –son- trabajadores atípicos y que de ellos el 71 por ciento son “freelancer”.

Los trabajadores atípicos cobran por tiempo de trabajo, por palabra o por nota, depende de cuál sea el país. Entre los freelancer (colaboradores, para la Argentina), cerca del  70 por ciento tienden a cobrar por nota. Un aspecto interesante del informe es que en la abrumadora mayoría de los casos, el empleador es quien decide cuánto cobrará el colaborador o freelancer.

Si bien en el informe no se dice, estos trabajadores no tienen vacaciones; ni horas de descanso; no cobran si se enferman; no pueden jubilarse, por lo cual trabajan hasta que no pueden más y allí su situación miserable se agrava al máximo. Además carecen de estabilidad, no tienen asegurado que vayan a trabajar al día siguiente; usan sus propias herramientas de trabajo; pagan sus impuestos y los que debería pagar el empleador y son utilizados muy habitualmente como ejército laboral de reserva, con lo cual también son rechazados por muchos de los trabajadores estables de los medios.

Lo que tampoco dice el informe ni respondieron las organizaciones gremiales es que la situación miserable de los “colaboradores” o “freelancer” no es considerada por las entidades ni por los Estados como un problema a resolver. Son pura estadística.

Una nota que valía la pena leer

Publicada en Clarín de hoy (martes 20/7/10)
El barrendero empieza a trabajar como abogado en el Central

20/07/10 Desde mañana, Marcelo Iriarte formará parte del área jurídica del banco.

PorVictoria De Masi

 

Cuando el reloj del Banco Central marca las 12.15, Marcelo Iriarte mira la bandera enrollada por la lluvia y agradece al cielo. El hombre que trabajó como barrendero de la empresa Cliba durante seis años, colgó el traje fluo la semana pasada. A partir de mañana será parte del área jurídica del Banco Central, una propuesta que eligió entre 12 ofertas. Ahora es abogado, permite que le digan Doctor, y convence: “Estudiar te da la libertad de pensar, de elegir y te crecen las alas. Ahora es mi momento de volar ”.
Iriarte tiene 41 años y vive en Isidro Casanova. Pudo terminar el primario, pero los estudios secundarios quedaron truncos: debió salir a trabajar para ayudar a su mamá y a sus hermanos . Vendió caramelos, escobas y diarios sobre la Ruta 3, y también en los colectivos 96 y 378. Hasta fue chofer de la línea 126, donde conoció a Laura, la pasajera habitual que le insistió para que volviera a los libros. Fue ella quien lo anotó en un bachillerato acelerado. “Pero necesitaba más”, le contaba Marcelo a Clarín el 5 de junio, cuando dio a conocer su historia. Así fue que se anotó en el CBC –lo que más le costó, confía– y después se metió de lleno en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo se especializó en derecho penal y ya recibió la matrícula que lo habilita a ejercer.
“Hoy me pongo el traje de lo que me formé y no es poca cosa para mí, después de tanto esfuerzo. Ustedes seguramente se acuerdan cuando iba a las marchas con los libros de Derecho o cuando en los momentos de descanso me tiraba a leer abajo de un árbol. Estoy cumpliendo mi sueño y les digo que si alguno de ustedes puede estudiar, vale la pena ”. Así se despidió Marcelo de sus compañeros de Cliba. Se juntaron ayer, en la base de Humberto Primo y Bernardo de Yrigoyen. Pero no será por mucho tiempo: a partir del mes que viene, Iriarte les dará asesoramiento legal.
La propuesta del Banco Central fue una de las últimas que recibió Marcelo. Antes, lo tentaron con un puesto en la Procuraduría de la Ciudad y otro en la bonaerense. También lo llamaron de distintos estudios de abogados. ¿Qué lo convenció del Central? “Fueron discretos, no pidieron cámaras y escucharon mis miedos e inquietudes”, responde. Tiene dos maletines: uno negro, algo informal, y otro que encontró barriendo las calles de San Cristóbal. Ese será el recuerdo, el presagio, de lo que fue un antes y un después en su vida.

Estado, medios, oligopolios: Control y consensos

“Las modernas sociedades industrializadas no podrían subsistir sin los medios de comunicación de masas. Todas sus instituciones –el Estado centralizado, el sistema económico basado en el intercambio comercial y la extrema subdivisión del trabajo- serían imposibles, sin la existencia de estos ‘aparatos’ destinados a transmitir información a grandes distancias y de manera prácticamente instantánea. Los funcionarios del gobierno central requieren datos acerca del estado económico y social de las regiones más alejadas de la Capital, los campesinos regulan sus actividades según las cotizaciones en la Bolsa de Cereales que dan los diarios y las radios.
Por estas razones, los sistemas políticos modernos dependen del control más o menos directo que puedan ejercer sobre los medios.

Ningún gobierno puede apoyarse exclusivamente en la fuerza física o en la coacción económica permanente: necesita contar con un mínimo de colaboración por parte de su población y que ésta acepte o, por lo menos, no ataque de manera sistemática y organizada, los valores defendidos por el Estado.

Esta colaboración o aceptación es, en realidad, una unidad de criterios o, como suele denominarlo la sociología, un ‘consenso’ que garantiza la estabilidad del poder.

Quien domina los medios de comunicación de masas puede controlar, aunque no de manera absoluta, la naturaleza del consenso social.

Dichos medios pueden servir a un equipo gobernante (una élite, una clase) para difundir su ideología, atacar la de la oposición, mostrar aquellos hechos que fortalecen su posición y ocultar los que puedan desmerecerla, amenazar a los desvariados o ‘réprobos’, y aún para premiar a quienes acepten sus dictados. Más sencillamente: con los medios se puede hacer propaganda a favor de determinada ideología y, al mismo tiempo, tratar de neutralizar o ahogar la difusión de ideologías contrarias.

En síntesis: Ya sea para mantener el statu quo, o para modificarlo en una dirección determinada, todas las organizaciones políticas de una sociedad determinada (un partido, dentro o fuera del poder, un grupo de presión, etc.) deben asegurarse que un segmento cuantitativamente importante o bien muy influyente de la población, participe de sus valores de ideales.

Esto implica una tarea de difusión ideológica y, por ende, el control de los medios de comunicación de masas. Por eso no es extraño que la lucha por el control de los medios de comunicación de masas sea un componente siempre presente en los debates y conflictos políticos de nuestra época.

El Estado, los propietarios privados y los medios
En los países de economía capitalista, la situación de los medios es con frecuencia paradójica y conflictiva. De hecho, éstos pertenecen en parte o totalmente a propietarios privados (personas físicas o jurídicas). Pero los medios son, tal como hemos dicho, instrumentos potencialmente muy poderosos, tan estratégicos para el Estado Nacional como el sistema de transportes o la Banca. Amenazan con convertirse en verdaderos competidores del Estado.

Necesariamente, surgirán de aquí conflictos entre el Estado y los propietarios de medios y, en consecuencia, diversos intentos por regular el poder de ambas partes sobre los medios, mediante leyes y convenciones.

Por otra parte, los medios más modernos –la TV y la radio- presentan características tecnológicas especiales. Una estación sólo puede alcanzar a su público si tiene asignada una frecuencia de onda exclusiva, que nadie debe invadir. Es necesario pues que el Estado regule la competencia entre los propietarios privados.

El conflicto Estado-propietarios privados de los medios se incrementó con el avance tecnológico de las redes de comunicación, con el crecimiento cuantitativo del público alcanzado.

Un elemento importante colaboró en el presente siglo a hacer más agudo este problema: el monopolio de los medios, ya que éstos, como cualquier otro sector económico dentro de una economía capitalista, tendieron a concentrarse en un número cada vez más reducido de manos”. (…)

De un texto de Heriberto Muraro en “El Poder de los medios de comunicación de masas”, Revista Transformaciones nº 1, Centro Editor de América latina, Buenos Aires, 1974.

Exclusivo: La corrupción al desnudo

Hace varios años que PyE desarrolla esta investigación que deja al desnudo una trama corrupta que salpica a los sectores más altos del poder político nacional. Una red de presuntos delincuentes se encubre detrás de inocentes comercios en los cuales pretendidos artesanos producirían algún tipo de arma letal para luego ser comercializada entre sectores de clase media que estarían preparando una insurrección que impondría una dictadura cuyo liderazgo quedaría en manos de un matrimonio presidencial, según dijeron a PyE fuentes que pidieron el anonimato.

El disparador de la investigación fue una observación realizada por un joven músico durante una gira, quien se sorprendió ante la extraña coincidencia en los nombres de redes comerciales establecidas por todo el país. Consultado por PyE, el prestigioso criminalista George Claunhei, de la Universidad de South Tampon aseguró que “los delincuentes siempre establecen códigos para comunicarse con sus socios”. PyE buscó corroborar si la cadena comercial estaba inscripta ante los organismos pertinentes, pero en los registros oficiales no existen rastros.

La cadena presuntamente delictiva, cuyos oscuros propósitos PyE revela en este reporte, consiste en miles de unidades disfrazadas bajo la fachada de talleres artesanales que comparten un nombre en código y luego una denominación de fantasía. “Los criminales siempre utilizan fachadas bajo las cuales parecen desarrollar actividades inocentes”, señaló Claunhei ante una consulta de PyE.

Una de las primeras hipótesis fue que se trataría de una sociedad delictiva privada, lo cual hubiese sido desde ya un nuevo llamado de atención ante la pasividad del gobierno nacional frente al avance de la inseguridad. Sin embargo, búsquedas posteriores permitieron deducir que la red presuntamente delictiva tendría vínculos con sectores oficiales. “Los criminales necesitan la complicidad de sectores de poder para que no bloqueen sus actividades delictivas”, señaló Claunhei con astucia.

Una de los detalles más significativos de la trama presuntamente delictiva es que la red está distribuida con cierta uniformidad y que se encuentra en todas las provincias argentinas, entre ellas, Santa Cruz, de donde, ya se sabe, proviene el matrimonio presidencial.

Por otra parte, los talleres trabajan con una materia prima aparentemente inocente, que es la madera, lo cual despertó también algunas sospechas. “Los romanos hacían las cruces de madera”, explicó a PyE un funcionario arrepentido que se fue del país hace dos meses para instalarse en una isla caribeña. En la grey cristiana “se vincula a la cruz con la santidad”, explicó a su vez el prestigioso criminalista Claunhei. “Cuando algo está en todos los distritos es muy posible que sea nacional y no provincial”, explicó por su lado Brunilda Alvarez, doctora en Economía con un MBA de la Universidad Patricia de San Jorge de Colombia.

Uno de los documentos reveladores de la actividad presuntamente delictiva fue producido por periodistas de PyE, quienes visitaron a varios de los talleres de la red. Allí fueron atendidos por personas aparentemente inocentes, pero cuyos documentos de identidad y sus registros oficiales no coincidían con los nombres en clave de la red. “Si la documentación no está en regla, es probable que haya un delito, aunque no siempre ocurre”, insinuó Claudio Reinhardt, cabo de la unidad penitenciaria de San Carlos de la Fuente, en Colombia.

Trabajan con madera, están en todo el país, incluida la provincia de Santa Cruz, tienen autorizaciones oficiales para trabajar, su documentación no coincide exactamente con el nombre del comercio y si bien no se pudo comprobar la existencia de armas, los investigadores de PyE pudieron observar que en todos los centros presuntamente delictivos se escuchaban ruidos que indicaban que se estaba fabricando algo, que bien podrían ser armas. Las vinculaciones con el Gobierno Nacional bien podrían indicar, si existieran pruebas, que estarían fabricando armas para un presunto autogolpe de Estado. “Cuando se fabrica algo, suele haber ruido”, señaló el ingeniero Javier Torreigueta, experto de la Universidad de Augusta, en Canadá con un dato concluyente: “Si hay olor a pólvora, es porque están produciendo armas o fuegos artificiales”. Los investigadores no pudieron percibir olor a pólvora, pero bien podría ser porque estaban resfriados o tal vez con gripe A, producto de la mala política de Salud del gobierno Nacional.

Avanzada la investigación, este medio pudo comprobar que además en la denominación en clave de la red había un nombre propio que bien podría ser una señal para que los inspectores del gobierno pudieran verificar que el negocio pertenecía a la presunta red. Los negocios, identificados por todo el país como “Taller de Marcos”, bien podrían aludir a una organización delictiva de origen mexicano. “Marcos es el nombre del subcomandante, un rebelde muy popular en México”, confirmó Claunhei. PyE no se dejará amedrentar por el ocultamiento urdido presuntamente por el poder y seguirá investigando.