En términos legales, la anomia casi no existe, porque en todo país democrático y de los otros hay leyes, decretos, normas que definen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo que suele ocurrir es, en todo caso, es que aparece cierto grado de anomia en términos sociales, una ilegalidad de ciertas acciones humanas que violan las normas existentes.
El mejor ejemplo es la Argentina, donde no hay anomia sino, como diría un cordobés, hay una “no mi hagás cumplir las leyes”.
La violación de normas de todo tipo es cotidiana. Desde el señor que se enoja porque quiere manejar a 220 kilómetros y un tozudo conductor respetuoso de las leyes “obstaculiza” su paso, hasta el señor o la señora que viola un semáforo en rojo y se siente un héroe; desde el médico que receta un medicamento que su paciente no necesita, pero que contribuirá a un lindo viaje a una isla caribeña, hasta el ingeniero que construye un edificio de 30 pisos en un barrio de casas bajas, donde sólo se puede construir hasta 7 pisos; desde un propietario sojero que se queja de “esos negros piqueteros” que no le dejan llegar rápido a la oficina que tiene en Puerto Madero, pero después corta rutas, desabastece a las ciudades y se ufana de ello, hasta los funcionarios que toman medidas y ensayan, para ver qué pasa, sin un ínfimo estudio previo.
Hay más muestras de la tendencia a violar normas, que es endémica en la Argentina: Desde el diputado que vota lo que sabe que no se podrá cumplir, hasta el que espera una orden para votar lo que jamás querría que se cumpliera; desde el abogado que se hace llamar “constitucionalista” y opina como si lo fuera, hasta el empleado de una empresa que se hace llamar “periodista” y se hace millonario violando todos los códigos deontológicos existentes y por existir; desde los empresarios de medios que se presentan a una licitación para abrir una FM cultural y una vez obtenida la licencia, arman una repetidora de su radio AM –y que se considerarán “perseguidos” si alguien hace cumplir la ley-, hasta los funcionarios que se lo permiten y dejan de permitírselo si las alianzas cambian.
La lista sigue, desde el funcionario que cobra un sueldo para atender a la prensa, pero que en lugar de cumplir con su obligación legal hace decir por su secretaria que no está o que no puede hablar, cuando en realidad él o su jefe están hablando a cuatro voces en un programa de radio, el único para el cual hablan; hasta la empresa que avisa que el aviso que colocan en un medio –una de las herramientas que tiene la democracia para que haya medios y por lo tanto control democrático de los poderes- será retirado si en lugar de defender la posición de la empresa se ocupan de cumplir con las rutinas periodísticas y por lo tanto tienen una conducta ética.
Hay otras actitudes de desprecio por las leyes que son más o menos corrientes: Desde el funcionario que se “olvida” durante meses o años que alguien viola una ley y cuando hay un conflicto se acuerda de las leyes y las quiere hacer cumplir en 90 días, hasta la empresa que brinda un servicio que no está autorizada a brindar y espera que la ley le caiga encima para decir que sufre “persecución”; desde el periodista que busca saber cuál es la verdad, hasta el que llevado por su ideología o por las tarifas de sus avisos, se indigna y mezcla libertad de prensa con Internet o la biblia con el calefón.
La lista es infinita, las conductas desviadas que violan leyes o no impiden que se violen se pueden contabilizar por centenares. A esta altura el lector sabrá que nos hemos referido al fondo de la cuestión entre el Estado y Fibertel. Uno que dejó hacer mientras le resultó conveniente y otro que hizo mientras no le dijeran nada. Uno que actúa sin estudiar cuál es la situación de los cientos de miles de clientes-usuarios que tiene el otro, que desconoce que no hay proveedores capaces de sustituir a Fibertel, al menos en un término de dos o tres años. Otro que como no puede decir que no violó la ley, dice que lo persiguen.
Para quien firma esta nota, las telefónicas deberían poder brindar servicios de TV y los que tienen servicio de Cable deberían poder ofrecer telefonía y servicio de Internet. Es una de las grandes deudas de la entrada de la Argentina en el mundo digital y está bloqueado por una de las modificaciones que se hicieron en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales a expensas de los sectores de izquierda que querían aparecer como valientes luchadores contra los monopolios.
Para quien firma esta nota, ni en 90 días ni en un año se puede reemplazar al proveedor de Internet que atiende a la mayoría de los usuarios metropolitanos y a buena parte de los de todo el país. Hay razones técnicas y comerciales que cualquier funcionario inteligente conoce, pero que no va a decir simplemente porque no atiende a la prensa.
Para quien firma esta nota, no sólo hay razones comerciales sino políticas y empresariales. Telecom tiene Arnet y sólo opera en su zona; Telefónica tiene Speedy y sólo opera en su zona; los dos tienen los mismos precios que Fibertel y están incapacitados de absorber a los usuarios de Fibertel. Los usuarios pueden atestiguar lo que significa quedarse sin ADSL durante una semana y que le digan “si, tenemos algunos problemas, ya lo vamos a solucionar”, después de saltear infinitos obstáculos impuestos por el CRM de la telefónica.
La otra competencia es Telecentro, que hasta ofrece Triple Play, pero cuyo servicio de telefonía, cable e Internet funciona cada vez peor, se corta dos o tres veces al día porque está excedida en su papel de única competencia de Fibertel. ¿Causa o consecuencia? Si hubiera más proveedores con redes extendidas, el problema no existiría.
En términos prácticos, la medida del ministerio de Planificación es impracticable. En términos políticos, no sabemos, porque la costumbre de algunos funcionarios es hablar con Radio 10 y sólo con ellos. Recién en los últimos días están hablando, algunos, con las radios y TV públicas. Alguna vez les tocará a los periodistas de otros medios.
El mejor ejemplo es la Argentina, donde no hay anomia sino, como diría un cordobés, hay una “no mi hagás cumplir las leyes”.
La violación de normas de todo tipo es cotidiana. Desde el señor que se enoja porque quiere manejar a 220 kilómetros y un tozudo conductor respetuoso de las leyes “obstaculiza” su paso, hasta el señor o la señora que viola un semáforo en rojo y se siente un héroe; desde el médico que receta un medicamento que su paciente no necesita, pero que contribuirá a un lindo viaje a una isla caribeña, hasta el ingeniero que construye un edificio de 30 pisos en un barrio de casas bajas, donde sólo se puede construir hasta 7 pisos; desde un propietario sojero que se queja de “esos negros piqueteros” que no le dejan llegar rápido a la oficina que tiene en Puerto Madero, pero después corta rutas, desabastece a las ciudades y se ufana de ello, hasta los funcionarios que toman medidas y ensayan, para ver qué pasa, sin un ínfimo estudio previo.
Hay más muestras de la tendencia a violar normas, que es endémica en la Argentina: Desde el diputado que vota lo que sabe que no se podrá cumplir, hasta el que espera una orden para votar lo que jamás querría que se cumpliera; desde el abogado que se hace llamar “constitucionalista” y opina como si lo fuera, hasta el empleado de una empresa que se hace llamar “periodista” y se hace millonario violando todos los códigos deontológicos existentes y por existir; desde los empresarios de medios que se presentan a una licitación para abrir una FM cultural y una vez obtenida la licencia, arman una repetidora de su radio AM –y que se considerarán “perseguidos” si alguien hace cumplir la ley-, hasta los funcionarios que se lo permiten y dejan de permitírselo si las alianzas cambian.
La lista sigue, desde el funcionario que cobra un sueldo para atender a la prensa, pero que en lugar de cumplir con su obligación legal hace decir por su secretaria que no está o que no puede hablar, cuando en realidad él o su jefe están hablando a cuatro voces en un programa de radio, el único para el cual hablan; hasta la empresa que avisa que el aviso que colocan en un medio –una de las herramientas que tiene la democracia para que haya medios y por lo tanto control democrático de los poderes- será retirado si en lugar de defender la posición de la empresa se ocupan de cumplir con las rutinas periodísticas y por lo tanto tienen una conducta ética.
Hay otras actitudes de desprecio por las leyes que son más o menos corrientes: Desde el funcionario que se “olvida” durante meses o años que alguien viola una ley y cuando hay un conflicto se acuerda de las leyes y las quiere hacer cumplir en 90 días, hasta la empresa que brinda un servicio que no está autorizada a brindar y espera que la ley le caiga encima para decir que sufre “persecución”; desde el periodista que busca saber cuál es la verdad, hasta el que llevado por su ideología o por las tarifas de sus avisos, se indigna y mezcla libertad de prensa con Internet o la biblia con el calefón.
La lista es infinita, las conductas desviadas que violan leyes o no impiden que se violen se pueden contabilizar por centenares. A esta altura el lector sabrá que nos hemos referido al fondo de la cuestión entre el Estado y Fibertel. Uno que dejó hacer mientras le resultó conveniente y otro que hizo mientras no le dijeran nada. Uno que actúa sin estudiar cuál es la situación de los cientos de miles de clientes-usuarios que tiene el otro, que desconoce que no hay proveedores capaces de sustituir a Fibertel, al menos en un término de dos o tres años. Otro que como no puede decir que no violó la ley, dice que lo persiguen.
Para quien firma esta nota, las telefónicas deberían poder brindar servicios de TV y los que tienen servicio de Cable deberían poder ofrecer telefonía y servicio de Internet. Es una de las grandes deudas de la entrada de la Argentina en el mundo digital y está bloqueado por una de las modificaciones que se hicieron en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales a expensas de los sectores de izquierda que querían aparecer como valientes luchadores contra los monopolios.
Para quien firma esta nota, ni en 90 días ni en un año se puede reemplazar al proveedor de Internet que atiende a la mayoría de los usuarios metropolitanos y a buena parte de los de todo el país. Hay razones técnicas y comerciales que cualquier funcionario inteligente conoce, pero que no va a decir simplemente porque no atiende a la prensa.
Para quien firma esta nota, no sólo hay razones comerciales sino políticas y empresariales. Telecom tiene Arnet y sólo opera en su zona; Telefónica tiene Speedy y sólo opera en su zona; los dos tienen los mismos precios que Fibertel y están incapacitados de absorber a los usuarios de Fibertel. Los usuarios pueden atestiguar lo que significa quedarse sin ADSL durante una semana y que le digan “si, tenemos algunos problemas, ya lo vamos a solucionar”, después de saltear infinitos obstáculos impuestos por el CRM de la telefónica.
La otra competencia es Telecentro, que hasta ofrece Triple Play, pero cuyo servicio de telefonía, cable e Internet funciona cada vez peor, se corta dos o tres veces al día porque está excedida en su papel de única competencia de Fibertel. ¿Causa o consecuencia? Si hubiera más proveedores con redes extendidas, el problema no existiría.
En términos prácticos, la medida del ministerio de Planificación es impracticable. En términos políticos, no sabemos, porque la costumbre de algunos funcionarios es hablar con Radio 10 y sólo con ellos. Recién en los últimos días están hablando, algunos, con las radios y TV públicas. Alguna vez les tocará a los periodistas de otros medios.
Rubén Levenberg (Publicado originalmente en Bloggers Report)
