Cada vez que se habla o se escribe sobre derechos y prensa suele obviarse a un protagonista que debería ser el objeto principal de todo análisis: El lector, el oyente, el televidente, el navegante de Internet. La relación entre medios y público, los derechos y la ética son concebidos desde una sola visión, la de los empresarios. Un fragmento del trabajo que el investigador boliviano Zapata Zurita publicó en la revista Diálogos de la Comunicación alcanza para ver cuánto falta debatir en el mundo, y especialmente en la Argentina, acerca de cómo las empresas periodísticas violan diariamente el derecho a la información de la ciudadanía.
Cuando la preocupación del “rating” esta por encima de la defensa del Derecho a la Información, en el ejercicio del periodismo
“La información ya no es más el alimento de las mentes, sino la sal de las emociones (…) Así como los políticos dejaron de estar al servicio del ciudadano, los periodistas también trocaron verdad y calidad por el rating” (Rojas, 2003, p. B-11).
Conforme con lo señalado en la investigación enunciada en el apartado anterior, se identifica a la preocupación por el nivel de audiencia como el principal motor en la búsqueda de información para los trabajadores de prensa entrevistados. Las razones para esta situación emergen como obvias, al identificar que la gestión administrativa de los medios de comunicación en Bolivia está legislada por el Código de Comercio que data de 1975, como cualquier otra empresa.
Un mayor nivel de audiencia desemboca en un mayor interés por personas jurídicas o sociedades comerciales a contratar espacios de programación para emitir publicidades o propagandas, lo cuál permite mayores ingresos financieros al medio, considerando además que, en los costos de anunciar dentro de los programas con mayor audiencia son mayores al resto de los programas. Bajo este aspecto administrar una manufactura boliviana, tiene una correspondencia y similitud con la administración de un medio de comunicación: aparte de la aplicación del mencionado código para ambas, el interés por obtener mayores ingresos es el mismo.
Las libertades de investigar, recibir y difundir información señaladas en el artículo 19º de la Declaración Universal de los derechos Humanos conforman la definición más aceptada de las facultades que conforman el derecho humano a la información. El derecho a la información garantiza la provisión de información, el proceso de la investigación para recabar la información y además, el derecho de la audiencia a no ser engañada por anunciantes o presentadores del medio. En materia periodística, cuando un medio difunde datos señalados como información pero que distan de serlo realmente, se incurre en la desinformación y subinformación.
La desinformación y subinformación, así como la exageración o la espectacularización de determinados elementos en la difusión de noticias, puede atraer a la atención masiva de la audiencia. En las mencionadas entrevistas, los periodistas reconocieron el desarrollo de un conjunto de acciones catalogadas dentro de estas categorías: cobertura parcializada a sucesos con el afán de perjudicar a autoridades o determinados personajes públicos, protestas alentadas inclusive por los mismos periodistas para desarrollar “tomas al vivo”, estructura de preguntas dirigidas formuladas por autoridades administrativas del medio, filmación de escenas que transmitan sentimientos de dolor o morbo. Los consultados manifestaron, haber utilizado algunos de estos artificios en su trabajo con el fin de incrementar el nivel de audiencia. Asimismo estos mismos trabajadores reconocieron la existencia del derecho a la información.
Estos resultados no son novedosos en Bolivia, considerando que Raúl Peñaranda, director y fundador del semanario La Época, dirigió una investigación a mediados de 2001. Esta investigación establece las principales características de los periodistas bolivianos considerando su desempeño profesional, los resultados de la misma fueron publicados en el libro Retrato del Periodista Boliviano (2002). Esta investigación incluyó el desarrollo de un cuestionario anónimo, los resultados obtenidos señalan que, el 53.7% confesó que ha recibido ocasionalmente proposiciones de soborno para manipular información. Estas propuestas de desinformación provenían de políticos en 74%, de empresarios en 15% y de líderes sindicales en 4.7%. Cuando se interrogó al periodista si conocía de manera directa a un colega que haya aceptado un soborno, la respuesta afirmativa subió a 59.5%.
Corroborando estos resultados, el 44%, de los periodistas interrogados en esta investigación, considera que la información difundida por los medios bolivianos es “en líneas generales negativa, puesto que hay una tendencia mayor al sensacionalismo y a las denuncias sin respaldo” (Peñaranda y otros, 2002, p. 30).
La violencia difundida en los medios de comunicación televisiva: ¿Expresión de la Libertad de Opinión y del Derecho a la Información? o ¿Característica exclusiva para obtener mayor nivel de audiencia?
“Obstinados en hacer ‘show’ de todo para ganar la atención preferencial del público a fin de asegurarse anuncios, algunos canales han incurrido recientemente en la más indigna cobertura espectacular de monstruosos hechos criminales como son los linchamientos de presuntos ladrones y la quemadura de uno de ellos, inerme ante la indiferencia o la complicidad de la gente circunstante y la pasividad de la policía” (Beltrán, 2003, p.12).
Habiendo realizado una técnica de vagabundeo durante el mes de agosto de 2007 en los mercados populares de la Zona “La Cancha” en la ciudad de Cochabamba se pudo identificar la frecuente exhibición de noticieros, caracterizados por el mencionado público, como “los más sensacionalistas”. Dos años antes, durante el mes de septiembre en recorriendo las poblaciones de Villa Tunari, Shinahota, Chimore e Ivirgarzama, se pudo observar que tales noticieros fueron los más reproducidos en las repetidoras comunales de estas poblaciones.
La difusión de información periodística basada en la exposición de imágenes sobre la comisión de delitos y acciones violentas en Bolivia no es regulada en su amplitud. La ley Nº 2026 denominada “Código Niño, Niña y Adolescente”, establece en su artículo 10 la reserva y resguardo de la identidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos jurídicos, en la exhibición de noticias. Esta prohibición involucra a que el personal del medio televisivo tome las previsiones del caso para que no se manifieste la identidad del niño. Bajo un estudio de monitoreo realizado en el mes de marzo 2008, estas previsiones quedan reducidas a la exposición de imágenes distorsionadas de las figuras de los niños o más frecuentemente, no enfocar su rostro sino cualquier otra parte de cuerpo pero manteniendo el audio de su voz, cuando es entrevistado.
En los canales de televisión, a diario, se van transmitiendo mensajes con una carga excesiva de violencia, tomas respecto a armas, sangre humana expuesta e inclusive imágenes sin editar sobre la acometida de crímenes ante cámaras; todo ello sin la debida orientación. Miembros del equipo responsable de esta investigación realizaron un análisis de contenido a los noticieros de 4 redes televisas con mayor alcance en el territorio nacional, durante dos semanas, identificando hechos violentos presentados en imágenes de cámara.
Tabla Nº 1
Hechos violentos, emitidos en noticieros meridianos de Cochabamba
(Datos recabados del 17 al 28 de marzo de 2008)
| Noticiero | N° De Hechos Violentos Presentados | Duración En La Transmisión De Información |
| Noticiero ATB | Promedio de 5 por día. | Promedio de 10 a 15 segundos por hecho. |
| Noticiero UNITEL | Promedio de 10 por día. | Promedio de 20 a 30 segundos por hecho. |
| Noticiero TVB | Promedio de 6 por día. | Promedio de 10 a 15 segundos por hecho. |
Fuente: J. Gunnar Zapata Zurita.Derecho humano a la información. El derecho a la información y los derechos de los trabajadores de prensa. Revista Diálogos de la Comunicación, de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación (FELAFACS).
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