La solicitada salió publicada ayer miércoles en Tiempo Argentino y llevaba más de mil firmas de periodistas. Por un lado la SIP emitió acusaciones sobre la libertad de prensa en la Argentina que parecen redactadas por los dueños de los grupos multimediáticos locales -o lo fueron- y por el otro se mostró sorprendida por el número y por la representatividad de las firmas que aparecieron en la solicitada. Con cierto grado de soberbia, durante la tarde de ayer invitaron a los periodistas firmantes a reunirse con ellos a las 7.30 de la mañana, como para asegurarse que fuera la menor cantidad posible. Aquí va el texto de la solicitada, que hemos firmado, aunque nos hubiera agradado que abundara también con detalle acerca de las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información en las que incurren todos los grupos multimediáticos y la mayoría de los medios, que funcionan en una suerte de red empresarial que busca definir en qué y cómo debemos pensar los argentinos. Y lo llama "libertad de prensa". En nota aparte publicamos la carta que el funcionario Juan Abal Medina entregó ayer a la delegación de empresarios de medios.
Nosotros, los abajo firmantes, periodistas profesionales de medios escritos, radiales y televisivos de la Argentina, ante la próxima visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), queremos manifestar:
1) Que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avance extraordinario para nuestra democracia.
2) Que la derogación en 2009 de los delitos de calumnias e injurias fue otro paso trascendente para el desempeño sin ataduras de nuestra tarea.
3) Que el desconocimiento a la ley de los grupos monopólicos de la comunicación constituye una amenaza cotidiana a la libertad de prensa, como se advierte en el Punto 12 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
4) Que son estos grupos los que vulneran el derecho de las audiencias a ejercer sus plenos derechos cuando incumplen la resolución legal 296/2010, de la AFSCA, que incluye en la grilla a canales alternativos a la oferta de un cableoperador dominante como Paka-Paka, Telesur, Incaa TV y CN23.
5) Que el manejo oligopólico arbitrario de la producción y reparto del papel para diarios, principal insumo de la prensa gráfica, hoy en manos de una mayoría privada constituida tras un traspaso accionario protagonizado por sujetos físicos investigados en la justicia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, viola el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional en nuestro país, que señala: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
6) Que hay plena libertad de opinión, pero no así de conciencia.
7) Que condenamos la censura previa ejercida por Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, sobre el periodista Marcelo Almada.
8) Que condenamos la persecución sindical en empresas periodísticas que vulnera la libertad de expresión y de conciencia.
1) Que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avance extraordinario para nuestra democracia.
2) Que la derogación en 2009 de los delitos de calumnias e injurias fue otro paso trascendente para el desempeño sin ataduras de nuestra tarea.
3) Que el desconocimiento a la ley de los grupos monopólicos de la comunicación constituye una amenaza cotidiana a la libertad de prensa, como se advierte en el Punto 12 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
4) Que son estos grupos los que vulneran el derecho de las audiencias a ejercer sus plenos derechos cuando incumplen la resolución legal 296/2010, de la AFSCA, que incluye en la grilla a canales alternativos a la oferta de un cableoperador dominante como Paka-Paka, Telesur, Incaa TV y CN23.
5) Que el manejo oligopólico arbitrario de la producción y reparto del papel para diarios, principal insumo de la prensa gráfica, hoy en manos de una mayoría privada constituida tras un traspaso accionario protagonizado por sujetos físicos investigados en la justicia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, viola el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional en nuestro país, que señala: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
6) Que hay plena libertad de opinión, pero no así de conciencia.
7) Que condenamos la censura previa ejercida por Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, sobre el periodista Marcelo Almada.
8) Que condenamos la persecución sindical en empresas periodísticas que vulnera la libertad de expresión y de conciencia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario