La violación de la intimidad en el espacio público

Esta nota sólo adquiere sentido si se recorren los textos de algunas normas, cuyos vínculos incluimos en el párrafo presente, para que el lector pueda recorrerlas. Es necesario leerlas con atención porque la resolución por la cual el gobierno porteño cede imágenes de las cámaras de seguridad para su uso en canales de televisión despertó una serie de críticas y repudios, pero más allá del tratamiento mediático y de sus probables consecuencias, la decisión contradice disposiciones de tres normas, dos denominadas de “Hábeas Data” vigentes en el territorio, la 25.326 de la Nación y la 1.845 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de la 2602 de 2008 promulgada por el gobierno de Mauricio Macri. Cabe pensar que cualquier ciudadano podría presentarse ante un juzgado para reclamar por el mal uso de sus datos.

Las críticas planteadas en los últimos días a raíz de la cesión de imágenes a los canales de TV fueron ahogadas por la red mediática. Casualmente los beneficiarios de la cesión oficial son los mismos medios hacia los cuales el jefe de Gobierno, Mauricio Macri busca llevar el debate por las elecciones del distrito. Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el del diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo, quien el pasado 16 de junio señaló que la resolución “viola el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la propia imagen de las personas”. Además, exhortó al gobierno de la ciudad a derogar la resolución.

Gullo acierta al marcar que la resolución del gobierno porteño “es una flagrante violación de la ley vigente”. Se trata de una decisión que contradice las disposiciones de dos normas del distrito, la ley 1845 de 2005 de protección de datos personales, aprobada en la Ciudad para los datos personales contenidos en bases del Estado y la 2602 que regula el uso de las imágenes de las cámaras del Estado. Al mismo tiempo entra en contradicción con la ley 25.326 del año 2000, que protege los datos guardados en redes privadas, que los legisladores admitieron cuando aceptaron el veto del jefe de Gobierno Jorge Telerman quien anuló algunos párrafos de la ley porteña porque los temas relativos al sector privado ya estaban regulados por la 25326.

Si las leyes y las dos constituciones, la Nacional y la de la Ciudad protegen los datos personales de los ciudadanos, la pregunta que surge es cuál es el derecho de los funcionarios a transferir a terceros el uso de las imágenes que, aunque se desarrollen en espacios públicos, son privadas. Se trata de un debate que casi no se toca, porque aparecen involucrados medios de comunicación, gobiernos –no sólo el porteño- e intereses económicos. Las ciudades están rigurosamente vigiladas por cámaras que de hecho bloquean el derecho de los ciudadanos a circular libremente, que convierten en espectáculo la vida privada, con riesgo para la vida, la salud y el trabajo de cada uno.