Cientos de periodistas españoles se han quedado sin empleo o, como dice Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), “se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo indignas". La situación de los periodistas españoles sólo es comparable a la de los argentinos, por una combinación de concentración de medios en pocas manos y una fuerte decisión de las empresas de ir ajustando y precarizando a los profesionales, tal como relatáramos en este mismo blog en octubre pasado.
Como en todos los sectores de producción de bienes y servicios, la situación de la prensa se agravó luego de la crisis internacional que, precisamente, se originó en Europa y en los Estados Unidos a raíz de la burbuja de créditos hipotecarios, que derivó en ajustes económicos y más crisis. Hoy, mientras con sus movilizaciones, los “indignados” buscan resistir las medidas más duras de ajuste, tanto el FMI como la banca europea reclaman a España que tenga “valentía” para reducir salarios y otras medidas que en los países de América latina eran moneda corriente hasta no hace muchos años.
En una interpretación económica que suena muy familiar en la región latinoamericana, el Banco de Pagos Internacionales (BPI, por su sigla en castellano), entidad que es algo así como el banco central de los bancos centrales pidió a España una mayor celeridad en la aplicación de ajustes. "No deberíamos equivocarnos aquí: las turbulencias en los mercados que rodean las crisis de Grecia, Irlanda y Portugal palidecen al lado de de la devastación que provocaría una pérdida de confianza de los inversores en la deuda soberana de las grandes economías", señala un documento de la entidad. El FMI fue más directo. Reclama de España que aplique una reforma laboral para abaratar los despidos, descentralizar los convenios colectivos como para que “primen” los intereses empresariales sobre los “sectoriales” (eufemismo para no nombrar a los gremios), avanzar en la reforma financiera, recapitalizar entidades, subir la edad de las jubilaciones y bajar ingresos.
Para los que puedan pensar que la prensa es ajena a estos ajustes, en su intervención en el I Congreso periodistas y periodismos valencianos en democracia , Elsa González hizo una descripción que suena conocida en la Argentina: Un 42 por ciento de los redactores de prensa están contratados en régimen de colaboración y vieron sus tarifas reducidas, además de que les pagan con retrasos de hasta seis meses.
El ajuste se suma a la concentración de los medios. Un diario cuya crisis se imbrica con la situación europea es el ABC, un periódico tradicional de derechas que sucumbe ante la competencia de El País –del grupo Prisa- y La Razón y corta por el lado más delgado del hilo: Durante el año comenzaron a despedir periodistas y, en otros casos, a obligarlos a la baja para luego incorporarlos como colaboradores o free lance.
Pero en El País las cosas no vienen mejor, a pesar de que el grupo Prisa tiene ganancias enormes. Es lo que aseguran los periodistas que hasta este jueves 30 de junio continuarán publicando sus notas sin firma a modo de protesta porque la empresa aprovecha la crisis europea para negociar salarios a una baja aún mayor de lo que ya venían aceptando los representantes de los profesionales, un 4,5 por ciento.
En su protesta, los trabajadores rechazan “la pretensión de la dirección de imponer un convenio en el que se recortan nuestros derechos y se consagra la doble escala salarial que los gestores del diario han generado con la incorporación de los compañeros procedentes de Prisacom. Los responsables del Grupo Prisa consideran que los periodistas deben cobrar 18.000 euros brutos al año, mientras ellos se reparten millones a pesar de la crisis”, dicen. Agrupados en un Comité que hoy se comunica internacionalmente a través de Twitter (@comite_elpais), han tenido fuertes polémicas con los cuatro directores que ha tenido el diario desde su fundación, hace 35 años -Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía, Jesús Ceberio y Javier Moreno, conocidos en la jerga como “las cuatro jotas”-, quienes ayer publicaron una nota en la que cuestionan la medida de no firmar los artículos.
Con un título en el que descalifican la protesta aludiendo a Fuenteovejuna, aseguran que “no firmar los textos es una falta de respeto al lector al primar un asunto laboral sobre lo profesional”. La respuesta es una carta que reclaman sea publicada por el diario a modo de derecho a réplica. Sólo un párrafo alcanza para entender cuál es la posición de los periodistas: "El ataque a los principios profesionales que han inspirado la trayectoria de El País proviene de quienes pretenden reducir a los periodistas a mera fuerza de trabajo, pagada con sueldos irrisorios, en condiciones laborales incompatibles con las exigencias de calidad de un medio como este y que ponen en peligro la autonomía profesional indispensable para ejercer la labor de informadores. Un periodista mal pagado es un profesional menos independiente y menos libre. Una sociedad sin periodistas dignos de tal nombre aboca a una democracia meramente formal", señalan.
El conflicto, que se encuadra en las reducciones salariales y avances en la precarización laboral de la prensa española, amenaza con continuar afectando a las publicaciones de El País, pero no es el único caso, dados los despidos que denuncian los gremialistas y que afectan a los más diversos medios y que según el Observatorio Profesional de la FAPE, desde 2008 han afectado a 3764 periodistas.
Si, en todos lados se cuecen habas, pero en algunos lugares más que en otros. En una España en plena ebullición bajo el impulso de los organismos financieros internacionales y en la Argentina, en la que paradójicamente la economía crece, el desempleo general cae abruptamente, los gremios se fortalecen, pero en prensa la situación de desocupación y precarización no cesa de agravarse. Cabe preguntarse de aquí en más cómo se sustenta el concepto de "libertad de expresión", cuando los periodistas trabajan bajo las peores condiciones.
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